La ética del poder, la responsabilidad política y la necesidad de recuperar la dignidad de la dimisión.
Por Euprepio Padula
Hay decisiones que llegan demasiado tarde para cambiar lo sucedido, pero todavía a tiempo para cambiar algo mucho más profundo: nuestra manera de entender el poder.
La dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, después de las terribles tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda, ocurridas en apenas nueve meses, debería abrir una reflexión que vaya mucho más allá de su figura, de su partido y de la confrontación política que domina nuestro país.
Porque hay algo que llevamos demasiado tiempo confundiendo en España: asumir responsabilidades no significa asumir culpabilidades.
Y esa diferencia es esencial para entender qué significa liderar.
He dedicado buena parte de mi vida profesional a acompañar a presidentes, consejeros delegados y equipos directivos. Y hay una convicción que los años no han hecho más que reforzar: quien acepta la máxima responsabilidad de una organización acepta también responder por aquello que sucede bajo su dirección, incluso cuando no ha sido personalmente quien ha cometido el error.
Un comandante no tiene que haber provocado una avería para responder por su barco. Un consejero delegado no necesita haber firmado personalmente una decisión equivocada para asumir sus consecuencias. Y un ministro no tiene que ser el causante directo de una tragedia para comprender que la responsabilidad política alcanza mucho más allá de la responsabilidad individual.
En una empresa privada, dos catástrofes de semejante magnitud obligarían a revisar profundamente el liderazgo, los mecanismos de control y la confianza depositada en sus máximos responsables. ¿Por qué deberíamos exigir menos a quienes administran servicios públicos de los que dependen nuestras vidas?
Pero hay una dimensión todavía más importante: la ética y la moral del ejercicio del poder.
Porque no todo lo que resulta legalmente defendible es necesaria y éticamente aceptable. La responsabilidad institucional no puede limitarse a comprobar si se ha incumplido una norma o si existe una culpabilidad demostrable. Hay una obligación moral que nace de la confianza que los ciudadanos depositan en quienes los gobiernan.
La ética del liderazgo comienza, precisamente, donde terminan las obligaciones legales. Consiste en preguntarse no solamente qué estoy obligado a hacer, sino qué debo hacer. No únicamente si tengo derecho a permanecer en mi puesto, sino si mi permanencia sigue siendo coherente con los valores y la responsabilidad que representa.
Óscar Puente ha dado la cara. Ha comparecido, ha ofrecido explicaciones y ha defendido su gestión. Y creo que es justo reconocerlo, independientemente de las opiniones que cada uno tenga sobre su trayectoria política. Pero dar la cara y asumir las consecuencias no son conceptos excluyentes. Son dos dimensiones de una misma responsabilidad.
Su dimisión era, a mi juicio, inevitable. No porque esté demostrada una culpabilidad personal que corresponde determinar a las investigaciones, sino porque dos tragedias de semejante magnitud constituyen una quiebra de confianza institucional que exige una respuesta a la altura de su gravedad.
Y Óscar Puente ha dado finalmente ese paso. Creo que era lo que debía hacer y considero importante reconocerlo. Porque asumir una responsabilidad política de esta naturaleza, después de haber comparecido y defendido su gestión, no debería interpretarse como una confesión de culpa, sino como una decisión que merece ser valorada desde la ética institucional.
Y aquí aparece una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia.
En España hemos convertido demasiadas veces la dimisión en una humillación, en una confesión de culpa, en una victoria del adversario. Se resiste hasta el último minuto, se confunde la lealtad con la permanencia en el cargo y se interpreta cualquier renuncia como una rendición.
Es una concepción profundamente equivocada del liderazgo.
Dimitir no debería ser un tabú. Debería formar parte de la normalidad democrática.
La política necesita recuperar una idea elemental: los cargos públicos no son propiedades personales ni trincheras que deban defenderse a cualquier precio. Son responsabilidades temporales que se ejercen en nombre de los ciudadanos. Y precisamente por eso exigen estándares de ejemplaridad superiores a los de cualquier otra actividad.
Esto debería valer para todos. Para cualquier gobierno, cualquier partido y cualquier institución. Sin dobles raseros, sin oportunismo y sin exigir al adversario aquello que nunca estamos dispuestos a exigir a los nuestros.
Tampoco conviene confundir una dimisión con el final de las responsabilidades. Las víctimas y sus familias merecen conocer toda la verdad, identificar los fallos, recibir justicia cuando corresponda y, sobre todo, tener garantías de que se hará cuanto sea necesario para evitar que algo semejante vuelva a suceder. Ninguna renuncia sustituye esa obligación.
Hoy no me interesa celebrar la caída de un ministro. Me interesa reivindicar el significado de una decisión que debería contribuir a dignificar nuestra vida pública.
Porque el liderazgo no se demuestra únicamente cuando las cosas funcionan, cuando llegan los éxitos o cuando los indicadores acompañan. Se demuestra, sobre todo, cuando la realidad nos enfrenta a nuestras responsabilidades y debemos decidir qué pesa más: nuestra posición o la institución a la que servimos.
Óscar Puente ha dado ese paso. Reconocerlo no significa olvidar las tragedias, cerrar el debate sobre lo ocurrido ni renunciar a exigir todas las explicaciones necesarias. Significa defender una idea de liderazgo que necesitamos recuperar urgentemente.
La responsabilidad no consiste en ser culpable de todo lo que ocurre bajo tu mandato. Consiste en comprender que no puedes ser ajeno a sus consecuencias.
Ojalá esta dimisión sirva para que España empiece a entender que marcharse, cuando las circunstancias lo exigen, no es una muestra de debilidad.
A veces es la última, y quizá la más importante, demostración de liderazgo.
