Donald Trump ha cruzado una nueva frontera. Y esta vez no estamos ante una de sus habituales provocaciones, una salida de tono o una exageración destinada a ocupar titulares. Estamos ante algo mucho más grave: la utilización del dinero público como incentivo electoral directo.
Durante la convención republicana celebrada en Dallas, el presidente de Estados Unidos prometió entregar un “dividendo Trump” de 5.000 dólares a cada ciudadano estadounidense adulto si el Partido Republicano conserva en las elecciones de noviembre el control de la Cámara de Representantes y del Senado.
La fórmula es aparentemente sencilla: si ganamos, cobras.
Puede presentarse como una ayuda económica, un dividendo nacional o una devolución a los ciudadanos de la prosperidad generada por el país. Se le puede añadir un nombre comercial, envolverla en banderas y acompañarla de un discurso patriótico. Pero ninguna operación de propaganda puede ocultar su verdadera naturaleza política: Trump está vinculando explícitamente el resultado de unas elecciones con la entrega de dinero a los electores.
No es una política pública. Es un premio condicionado a una victoria electoral.
Y esa diferencia lo cambia todo.
En una democracia, los gobiernos pueden aprobar ayudas, reducir impuestos, elevar las pensiones o impulsar programas sociales. Naturalmente, esas decisiones también tienen consecuencias electorales. Pero deben responder a una necesidad colectiva, incorporarse a un presupuesto, someterse al control del Parlamento y aplicarse de acuerdo con criterios públicos y verificables.
Lo anunciado por Trump funciona al revés. Primero se exige el resultado político; después se promete la recompensa económica. El mensaje no es: “Esta medida es buena para el país y por eso la proponemos”. El mensaje es: “Dadnos el poder y recibiréis 5.000 dólares”.
Eso tiene un nombre, aunque jurídicamente se intente encontrar una fórmula que lo haga posible: clientelismo electoral financiado con el dinero de todos.
Conviene ser rigurosos. Trump no ha anunciado que vaya a comprobar el voto individual de cada ciudadano ni que solo cobrarán quienes voten republicano. El sufragio es secreto y la promesa se dirige, en principio, a todos los adultos estadounidenses. Por ello, no estamos ante la compraventa tradicional de un voto en sentido penal estricto.
Pero reducir el problema a esa distinción jurídica sería de una ingenuidad extraordinaria. La corrupción democrática no comienza únicamente cuando alguien entrega un sobre a cambio de una papeleta. También comienza cuando quien ocupa la presidencia utiliza la autoridad del Estado para plantear un gigantesco intercambio colectivo: si mi partido gana, habrá dinero; si pierde, no lo habrá.
La democracia deja entonces de ser una elección entre proyectos de sociedad y se convierte en una subasta.
Según las primeras estimaciones, la medida costaría más de un billón de dólares y necesitaría la autorización del Congreso. Trump no explicó con precisión cómo se financiaría. Su vicepresidente, JD Vance, trató después de matizar la promesa, sugiriendo posibles límites para las rentas más altas y apuntando a los ingresos procedentes de los aranceles. Pero las cifras disponibles no permiten sostener seriamente que esos ingresos puedan cubrir semejante desembolso. Associated Press y Reuters han subrayado tanto la ausencia de detalles como el enorme coste de la propuesta.
Pero incluso si el dinero existiera, la cuestión seguiría siendo profundamente antidemocrática.
El problema no es solamente presupuestario. No se trata de discutir si Estados Unidos puede permitirse pagar ese dinero cuando arrastra una deuda pública gigantesca. El problema principal es moral, institucional y político: ningún gobernante debería poder condicionar una transferencia masiva de recursos públicos al triunfo de su propio partido.
El Estado no pertenece a Trump. El Tesoro estadounidense no es la caja electoral del Partido Republicano. Y los ciudadanos no son clientes a los que se pueda conquistar con una promoción de campaña.
Esta promesa es todavía más alarmante porque no aparece de manera aislada. Forma parte de una concepción del poder en la que las instituciones deben servir al líder, la legalidad debe adaptarse a su voluntad y cualquier derrota solo puede explicarse mediante la traición, la conspiración o el fraude.
Trump ya intentó desacreditar unas elecciones que perdió. Presionó para alterar su resultado, convirtió a sus adversarios en enemigos internos y ha erosionado sistemáticamente la confianza en jueces, periodistas, funcionarios y organismos electorales. Ahora da un paso adicional: sustituir la adhesión política por una expectativa económica inmediata.
No pide el voto ofreciendo un futuro mejor. Pone precio al presente.
La democracia exige ciudadanos libres, no electores económicamente condicionados. Exige que una persona pueda votar pensando en la sanidad, la educación, la seguridad, la igualdad, la inmigración, la política exterior o el modelo económico que desea. Cuando el presidente introduce una transferencia de 5.000 dólares en esa decisión, especialmente en un país donde millones de familias sufren por el coste de la vida, la libertad formal del voto permanece, pero su autonomía se degrada.
Para una persona acomodada, 5.000 dólares pueden ser una gratificación. Para una familia endeudada, pueden significar pagar el alquiler, afrontar una factura médica o llenar la nevera durante meses. Utilizar esa necesidad como palanca electoral no es populismo inocente. Es aprovechar la vulnerabilidad económica para conservar el poder.
Y aquí se encuentra la gran obscenidad de la propuesta: el dinero no saldría del bolsillo de Trump ni de las cuentas del Partido Republicano. Saldría de los recursos públicos, presentes o futuros. Los ciudadanos financiarían con sus propios impuestos —o con más deuda— el premio que el presidente les promete por producir el resultado político que le conviene.
Trump pretende comprar la continuidad republicana con el dinero de aquellos a quienes pide el voto.
Algunos dirán que se trata únicamente de una promesa electoral más. No lo es. Prometer una reforma fiscal, una inversión pública o una mejora de los servicios supone defender una determinada orientación ideológica. Prometer un cheque personal condicionado expresamente a que un partido controle las dos cámaras introduce una relación casi contractual entre el elector y el poder.
Vótame y cobras.
La democracia no muere siempre mediante un golpe de Estado. A veces conserva sus edificios, sus urnas y sus ceremonias mientras se vacía lentamente de contenido. Muere cuando el adversario deja de ser legítimo. Cuando las instituciones se convierten en instrumentos personales. Cuando la verdad resulta irrelevante. Y también cuando el voto deja de apelarse mediante argumentos y empieza a captarse mediante recompensas.
Estados Unidos se presentó durante décadas como una referencia democrática. Hoy contempla cómo su propio presidente transforma la política en un concurso de lealtad personal y el presupuesto nacional en una herramienta de campaña.
Una democracia auténtica no promete dinero si gana el Gobierno. Garantiza derechos gobierne quien gobierne.
No paga por un resultado. Respeta el resultado.
No convierte al ciudadano en beneficiario condicionado. Lo reconoce como soberano.
Por eso, la promesa de Trump no puede despacharse como una ocurrencia extravagante. Es una advertencia para todas las democracias. Cuando aceptamos que el poder pueda ofrecer dinero público a cambio de conservarse, hemos empezado a sustituir la ciudadanía por el clientelismo, las convicciones por el interés inmediato y las elecciones por una puja.
El voto no tiene precio. El día en que permitamos que un gobernante se lo ponga, la democracia habrá comenzado a dejar de existir.
