La secretaria general de UATAE analiza en El Círculo Independiente el presente de los autónomos, el nuevo sistema de cotización y algunas de las causas judiciales más mediáticas de la actualidad
María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), participa en El Círculo Independiente para ofrecer su propia fotografía del colectivo.
Desde el inicio de la conversación subraya el peso económico y social de los trabajadores por cuenta propia. Recuerda que son alrededor de 3 millones y medio de personas, que a menudo generan empleo a su alrededor y sostienen la vida cotidiana de barrios, pueblos y ciudades. Panaderos, fruteras, repartidores, pequeños bares o quioscos forman, en sus palabras, “el elemento fundamental que construye nuestras calles”. Aun así, insiste en que ese papel todavía no se ha traducido, en todo el reconocimiento que merecen, ni por parte de la sociedad ni de las instituciones.
En el plano social, Landaburu plantea una aparente contradicción que, según explica, percibe en el día a día. Ella asegura que nadie discute la importancia del comercio de proximidad, pero al mismo tiempo se ha generalizado la inercia de “apretar un botón” para comprar en grandes plataformas, incluso teniendo tiendas cerca de casa. En cuanto al plano institucional, sostiene que las administraciones no han terminado de valorar el impacto que tienen los autónomos en el PIB, en el empleo y en la cohesión de los barrios. Cuando un local cierra en una calle, los pisos de esa zona pierden valor, seguridad y servicios, algo que, de acuerdo con su análisis, todavía no se incorpora de forma suficiente a la mirada de quienes diseñan políticas públicas.
Otro de los ejes centrales de la conversación es la cotización por ingresos. Landaburu repasa el cambio de paradigma que, según explica, ha supuesto el nuevo sistema. Hasta hace pocos años, recuerda, cualquier autónomo podía elegir prácticamente cuánto cotizar, de modo que una gran directiva con altos ingresos podía estar pagando lo mismo que un repartidor que se daba de alta por primera vez. Ese esquema, afirma, no tenía sentido ni para los que ganaban menos ni siquiera para quienes más facturaban, porque no reflejaba la realidad de su esfuerzo contributivo a largo plazo. A partir de ahí, defiende la lógica de un modelo progresivo. Quienes ingresan menos paguen menos, que los tramos intermedios se ajusten mejor a su realidad y que los tramos altos contribuyan algo más para reforzar la protección del conjunto.
En el último tramo de la conversación, la abogada ofrece su visión sobre algunos temas de actualidad judicial y política. A propósito de una de las causas abiertas contra el fiscal general del Estado, afirma que se trata de un asunto que “se estudiará en las facultades de Derecho como algo que nunca debiera haber sucedido”. Desde su perspectiva profesional, considera que se ha hecho una aplicación inadecuada del derecho penal, al tratar como revelación de secretos algo que, según indica, ya había sido previamente difundido por otros actores. Insiste en que el derecho penal debe utilizarse como último recurso y plantea dudas sobre cuál es exactamente el bien jurídico que se estaría protegiendo en este caso.
Este análisis le sirve para enlazar con una reflexión más amplia sobre la acusación popular. Landaburu señala que esta figura procesal, que permite a determinados colectivos personarse en causas penales, no existe en la mayoría de jurisdicciones comparables y que, en España, está generando “muchos problemas” al permitir, según su interpretación, que “cualquiera pueda ensuciar el nombre de otro” a través de procedimientos judiciales que luego pueden no traducirse en condenas, pero sí dejan una huella pública. Cita, entre otros, los casos relacionados con Begoña Gómez o con el hermano del presidente del Gobierno, junto con su propia experiencia personal, para ilustrar la tensión entre acceso a la justicia y protección de la reputación. A su juicio, sería deseable una reforma en profundidad de la figura o, al menos, un papel más activo de la judicatura como filtro.
