La crisis vivida en Ceuta no puede despacharse con un intercambio de reproches ni con un puñado de declaraciones grandilocuentes. Lo ocurrido exige respuestas, investigaciones y responsabilidades.
España tiene la obligación de explicar cómo ha podido producirse una entrada masiva de decenas de miles de personas en tan poco tiempo. Es imprescindible analizar con rigor si existieron fallos de seguridad, errores de coordinación o deficiencias de los servicios de inteligencia. Los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad y el Gobierno tiene el deber de ofrecerla.
Pero sería profundamente ingenuo pensar que una operación de semejante magnitud puede explicarse únicamente por la actuación de las mafias.
Las organizaciones criminales existen y, sin duda, aprovechan cualquier circunstancia para enriquecerse. Sin embargo, resulta difícil sostener que un movimiento de esta dimensión pudiera producirse sin, al menos, una actitud de permisividad por parte de las autoridades marroquíes.
No hablamos de una simple crisis migratoria.
Hablamos de geopolítica.
Marruecos lleva años demostrando que considera la gestión de los flujos migratorios como un instrumento de presión diplomática. Lo ha hecho en distintas ocasiones con España y también con la Unión Europea. Por ello, España tiene derecho a exigir explicaciones claras y Europa tiene la obligación de respaldar esa exigencia.
Tampoco conviene ignorar el contexto internacional.
Marruecos aspira desde hace años a consolidarse como la gran potencia política, económica y militar del norte de África. Para ello ha reforzado de manera muy significativa su alianza estratégica con Estados Unidos y ha estrechado su cooperación con Israel, incrementando su peso regional y su capacidad de influencia.
En ese contexto, la reciente reunión del presidente del Gobierno español con el presidente de Argelia constituye un hecho político de enorme relevancia. Argelia es el principal competidor estratégico de Marruecos en el Magreb y cualquier movimiento diplomático que altere ese equilibrio merece ser analizado con atención.
¿Existe alguna relación entre ese acercamiento y la crisis de Ceuta?
No disponemos de pruebas para afirmarlo y sería irresponsable presentarlo como un hecho. Pero sí existen suficientes elementos para exigir que esa posibilidad sea investigada con absoluta transparencia. En política internacional, las coincidencias de esta magnitud rara vez pueden despacharse con ligereza.
Lo que sí resulta evidente es que reducir todo lo ocurrido a la actuación de las mafias supone simplificar una realidad mucho más compleja.
Pero si hay algo que me ha producido una enorme decepción durante estos días no ha sido únicamente lo sucedido en nuestra frontera.
Ha sido la reacción de algunos socios europeos.
Como italiano, siento una profunda vergüenza.
Resulta especialmente doloroso comprobar cómo el Gobierno italiano, acompañado por otros ejecutivos europeos, ha reaccionado planteando medidas unilaterales que cuestionan uno de los mayores logros de la integración europea: el espacio Schengen.
Italia conoce mejor que casi nadie lo que significa soportar una enorme presión migratoria. Durante décadas, miles de personas han llegado a Lampedusa, Sicilia o Calabria buscando una oportunidad para sobrevivir.
¿Pidió entonces España cerrar Schengen a Italia?
¿Propuso expulsarla del espacio europeo de libre circulación?
No.
España entendió que aquella no era una crisis italiana.
Era una crisis europea.
Por eso sorprende tanto que ahora algunos pretendan convertir una crisis española en un problema exclusivamente español.
La solidaridad europea no puede depender del color político del gobierno afectado.
No puede activarse cuando nos beneficia y desaparecer cuando la presión recae sobre el vecino.
Lo mismo cabe decir de otros países que hoy levantan la voz con enorme dureza.
Pienso en Dinamarca o Finlandia.
Europa lleva años defendiendo la seguridad del norte del continente frente a la creciente presión rusa. La invasión de Ucrania demostró que una amenaza contra un Estado europeo termina afectándonos a todos. Del mismo modo, las reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump sobre Groenlandia obligan a Europa a mantener una posición firme en defensa de la soberanía danesa.
¿Alguien imaginaría que España respondiera diciendo que esos problemas no son nuestros?
¿Aceptaríamos una Europa que abandonara a Finlandia frente a una amenaza exterior porque se trata de un problema “nacional”?
Evidentemente no.
Porque entendemos que la seguridad europea es indivisible.
Y exactamente el mismo principio debe aplicarse a nuestras fronteras exteriores.
Ceuta no es únicamente una frontera española.
Es una frontera europea.
Lo mismo que Lampedusa.
Lo mismo que las islas griegas.
Lo mismo que cualquier territorio cuya estabilidad afecta al conjunto del proyecto europeo.
Las fronteras ya no son únicamente líneas dibujadas sobre un mapa.
Se han convertido en instrumentos de presión política.
La inmigración puede utilizarse como un arma híbrida, igual que la energía, las materias primas críticas, la tecnología o la desinformación.
Cuando miles de personas son utilizadas para ejercer presión sobre un Estado democrático, ya no estamos únicamente ante un problema migratorio.
Estamos ante un desafío directo a la soberanía europea.
Y precisamente por eso resulta tan preocupante el oportunismo político de quienes han aprovechado esta crisis para atacar al Gobierno español sin esperar siquiera a conocer toda la verdad de lo ocurrido.
Europa no necesita más oportunismo.
Necesita más inteligencia, más unidad y más lealtad entre sus socios.
Porque la solidaridad europea no puede ser un instrumento de conveniencia política.
Debe ser un principio irrenunciable.
Y los principios solo demuestran su verdadero valor cuando resulta más difícil defenderlos.