Por Euprepio Padula
A Maricarmen la sacaron de su casa en camilla. Tiene 87 años y llevaba viviendo allí desde 1956. En la calle, sus vecinos le gritaban que no estaba sola. Tenían razón. Pero nadie podía acompañarla a través de la puerta que se cerraba para siempre detrás de ella.
Hay imágenes que explican un país mejor que cien discursos. La de una mujer mayor saliendo de la casa donde ha pasado casi toda su vida, rodeada de policías, sanitarios y periodistas, es una de ellas. No consigo apartarla de mi cabeza. Pienso en lo que debió de sentir al mirar por última vez una habitación conocida, al dejar sus cosas dentro, al comprender que ya no podría volver mañana.
Decimos «vivienda» con demasiada facilidad. Como si habláramos de metros cuadrados y contratos. Una casa es también el lugar donde estuvieron tus padres, donde reconoces el sonido de cada puerta y donde has aprendido a vivir con quienes faltan. Maricarmen quería seguir viviendo en la suya. Cuesta entender por qué una petición tan sencilla ha terminado con ella en una ambulancia.
Pagaba alrededor de 500 euros al mes. La empresa propietaria llegó a pedirle 2.650, una cantidad imposible de asumir con su pensión. Según quienes la han acompañado, nunca dejó de pagar la renta. Incluso apareció una persona dispuesta a cubrir la diferencia y la deuda para que pudiera quedarse. Tampoco sirvió. Si ni siquiera una oferta de pago permite encontrar una salida, es legítimo preguntarse si alguna vez hubo voluntad de encontrarla.
Sé que existen resoluciones judiciales y derechos de propiedad. Nadie necesita explicármelo. Lo que necesito que me expliquen es cómo hemos llegado a aceptar que el cumplimiento de un procedimiento pueda terminar de esta manera. ¿En qué momento dejamos de mirar a la persona sobre la que cae una decisión?
El caso era conocido. Había habido anteriores intentos de desahucio. Naciones Unidas había pedido suspenderlo cautelarmente o garantizar una alternativa habitacional adecuada. Aun así, vimos a Maricarmen salir de su casa en camilla. Ese es también el bochorno internacional: que un organismo de la ONU tenga que recordar a España la obligación de proteger a una mujer mayor y que el desenlace sea precisamente el que se trataba de evitar.
¿Pasaría esto en otros países? Sería cómodo responder que no. Sería falso. Los desahucios y las injusticias habitacionales también existen fuera de España. Algunos países han establecido protecciones distintas; Francia, por ejemplo, suspende con excepciones los desalojos durante los meses de invierno. Pero ninguna comparación nos absuelve. La pregunta verdaderamente incómoda es por qué aquí, con todos los avisos, con todas las administraciones implicadas y con una solución económica propuesta sobre la mesa, nadie logró evitar esta escena.
Ahora unos responsabilizan a otros. Se discute qué ofreció el Ayuntamiento, qué podía hacer la Comunidad de Madrid y hasta dónde llegaban las competencias del Gobierno. Habrá que aclararlo. Pero para Maricarmen las competencias no son una casa. Y una plaza en una residencia o una cama de emergencia no sustituyen sin más la vida, la autonomía y el barrio de una persona.
Me conmueve que sus vecinos pasaran la noche junto al portal. Que se negaran a dejarla sola. También me preocupa profundamente que la última barrera entre una mujer vulnerable y su desahucio fuera un grupo de ciudadanos durmiendo en la calle.
No quiero que Maricarmen se convierta en una imagen que compartimos hoy y olvidamos mañana. Quiero que sepamos dónde está, qué solución se le ofrece y quién responde por lo ocurrido. Quiero que cuando una institución pronuncie la palabra «alternativa» tenga que demostrar que esa alternativa puede vivirse con dignidad.
A Maricarmen la sacaron de su casa en camilla. Dentro quedaron sus cosas. Fuera quedamos nosotros, obligados a decidir cuánto tiempo vamos a ser capaces de sentir vergüenza.
